Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC)

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02 agosto 2006

Nota de prensa de Pannagh sobre el archivo de la causa por la plantacion colectiva

Logo de PannaghArchivada definitivamente la causa por la plantación colectiva de marihuana de Pannagh.
- Pannagh reclama la devolución de las plantas incautadas y denuncia por desproporcionada la detención de sus miembros.
- El modelo de club de consumidores/as se pondrá en marcha en varios países y se presentará oficialmente al Parlamento Europeo.


1. El procedimiento judicial

La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia, en auto de fecha 14 de marzo de 2006, decidió el sobreseimiento libre y archivo de la causa abierta contra los tres miembros de la asociación Pannagh y el propietario del terreno que la asociación tenía alquilado, detenidos el pasado 3 de octubre durante la cosecha de las plantas que la asociación tenía plantadas para el uso de sus socios/as. El archivo es definitivo, ya que la fiscalía no ha presentado recurso contra dicha decisión.

La Audiencia entiende que no existe indicio de delito, ya que a su juicio esta plantación cumple los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para poder ser considerada como 'consumo compartido', es decir, la condición previa de consumidores de las personas participantes, el funcionamiento en circuito cerrado que impide el acceso a terceras personas y la ausencia de fines comerciales. Además, la Audiencia considera que el hecho de que Pannagh sea una asociación legalmente constituida excluye la clandestinidad que cabría esperar de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas ilícitas.

Los hechos se remontan al pasado 3 de octubre de 2005, cuando, tras haber detectado la Policía Municipal de Bilbao nuestra plantación en el marco de una investigación por presunto tráfico de drogas, la titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, Arantzazu Otiñano, ordenó la intervención de las plantas y la detención del propietario del terreno y de las personas que se encontraban en el mismo. Las diligencias fueron abiertas cuando, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito, la Policía Municipal encontró nuestro cultivo y decidieron intervenir a pesar de conocer la identidad de sus propietarios. Las plantas intervenidas alcanzaron un peso en bruto de 150 kg.

Tras ser puestos en libertad, las plantas quedaron depositadas a disposición del juzgado. Al parecer, se procedió a su secado y a desechar las partes no psicoactivas, ya que cuando fueron sometidas a análisis en el laboratorio de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia el peso neto se había reducido a tan solo 17,400 kg.

La defensa de Pannagh solicitó el archivo, alegando que las plantas estaban destinadas al consumo de las personas socias y no al tráfico ilícito. La titular del juzgado de instrucción rechazó el archivo, si bien reconocía que, efectivamente, el destino de la marihuana era el consumo social y aceptaba el desglose del caso por presunto tráfico en el que nuestro caso se había incluido al principio. La defensa recurrió este auto ante la Audiencia Provincial, que finalmente lo estimó y dictó auto de sobreseimiento. Con posterioridad a dicho auto, la asociación ha solicitado la devolución de las plantas incautadas.

2. Valoración del proceso

Pannagh quiere mostrar su satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial, que pone de manifiesto que, como dijimos desde el principio, nuestras actividades de cultivo son legales y están dirigidas únicamente a cubrir las necesidades de consumo de nuestros socios y socias. También consideramos que este auto refuerza nuestra tesis de que en el marco de la legislación prohibicionista en vigor cabe perfectamente la creación de un circuito cerrado sin fines comerciales para poder abastecerse de cannabis (o de otras plantas y sustancias psicoactivas).

Denunciamos el carácter desproporcionado de las medidas que se tomaron contra nosotros. Es absurdo que se detenga a personas perfectamente identificadas y cuyas actividades son del público conocimiento, cuando bastaría habernos remitido a nuestra sede social (que consta en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco) una citación para ir a declarar. Entendemos que la juez, Sra. Otiñano, se excedió en su celo represivo, ya que la más elemental prudencia debería haberle aconsejado no ordenar la detención de personas que, aún en el caso de que fueran finalmente condenadas, lo más probable es que, dada la naturaleza de los hechos, nunca tuvieran que ingresar en prisión. Tampoco entendemos que se ordenara la incautación de las plantas sin antes comprobar si se estaba produciendo realmente una infracción legal.

En este sentido, la actuación de la Policía Municipal fue chapucera e incompleta ya que, según parece, en ningún momento intentaron identificar a los verdaderos propietarios de las plantas. Por otra parte, el hecho de que necesitaran dos días para redactar un atestado de tres páginas, unido a la filtración de nuestros datos a la prensa, nos hacen pensar que, en realidad, lo que pretendían era dar un escarmiento y hacer méritos a costa de nuestros derechos ciudadanos.

Queremos denunciar especialmente dicha filtración a la prensa por parte, presumiblemente, de los agentes de la Unidad de Estupefacientes de la Policía Municipal de Bilbao, de datos relativos a la detención, especialmente el hecho de facilitar el nombre y apellidos de nuestro presidente. Creemos que dicha filtración, totalmente anómala y contraria a la ley, estaba dirigida a dañar nuestra imagen pública. Sin embargo, vista la reacción de los medios de comunicación y la cascada de muestras de solidaridad recibidas, creemos que lograron todo lo contrario. En este sentido, Pannagh agradece a todas las personas y entidades que nos han apoyado la solidaridad y simpatía que nos han mostrado en los últimos meses.

Queremos expresar nuestra decepción y sorpresa por la actitud de la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco, cuya máxima responsable, Belén Bilbao, conocía en detalle nuestras actividades desde mucho antes de nuestra detención. Sin embargo, a pesar de los postulados teóricamente antiprohibicionistas de la fuerza política que le nombró, Izquierda Unida, y de su supuesta apuesta por la defensa de los derechos de las personas usuarias de drogas, la Dirección de Drogodependencias ha guardado absoluto silencio incluso cuando era claro para todo el mundo que se trataba del mismo tipo de actividades que saben que venimos llevando a cabo desde hace años. También nos gustaría saber cuándo va a comenzar de una vez el debate social sobre la situación legal del cannabis que prometió el consejero Javier Madrazo al acceder a su cargo hace más de cinco años, y del que no hay aún ni rastro.

3. Seguridad jurídica para el cultivo

Reclamamos la devolución de las plantas incautadas, petición que ya ha sido formulada por la defensa de la asociación. Si nuestras actividades eran legales, el producto de las mismas también debería serlo. Por otra parte, la Audiencia reconoce en su auto que se iba a dar un uso terapéutico a parte de las plantas incautadas, por lo que no resultaría comprensible que se continuara privando a personas enfermas de una planta que utilizan para aliviar sus dolencias. En cuanto a quienes las iban a usar para uso no medicinal, el paradójico resultado del decomiso ha sido que se han visto obligados a recurrir al mercado ilegal para cubrir sus necesidades.

Pannagh exige, una vez más, el fin de la actual inseguridad jurídica en torno al autocultivo. No es de recibo que, año tras año, se vengan produciendo cientos de incautaciones, detenciones y procesamientos contra pequeños cultivadores que luego terminan, casi sin excepción, en archivo o absolución. Esta situación de incertidumbre favorece la arbitrariedad y merma los derechos de quienes optan por cultivar por su cuenta para no tener que recurrir al mercado ilegal, que es precisamente el más beneficiado por la permanencia en el tiempo de esta sinrazón.

En este sentido, al poco tiempo de producirse la operación policial contra nuestra asociación, el europarlamentario italiano Giusto Catania, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, además de autor del informe sobre política de drogas aprobado por el Parlamento Europeo en diciembre de 2004, presentó una interpelación escrita a la Comisión Europea acerca de dicha operación.

En la misma, Catania preguntaba a la Comisión si no era una incongruencia, además de un atentado a varios derechos reconocidos por la legislación europea, que en un estado donde está despenalizado el uso personal de drogas y donde se puede constituir legalmente una asociación de consumidores, se pueda luego actuar contra esa asociación por cultivar precisamente para el uso personal.

La respuesta de la Comisión a Catania fue muy clara: A la Unión Europea no le corresponde la regulación de las conductas relacionadas con la tenencia y el consumo. Los estados miembros están obligados por la legislación de la ONU y de la UE a perseguir en su legislación lo que tenga que ver con la distribución comercial de drogas ilícitas. Pero esta obligación desaparece en el caso del autocultivo, ya que, como dice sobre nuestro caso el comisario Frattini en nombre de la Comisión, "el artículo 2.2 excluye del alcance de la Decisión Marco del Consejo el cultivo de cannabis para consumo personal, al estar definido por las leyes nacionales".

El gobierno español tiene pues competencia para regular el autocultivo de forma análoga a lo que sucede en otros países de la Unión Europea, determinando la cantidad exacta de plantas que cada persona puede poseer para su propio consumo y aclarando las condiciones para el autocultivo legal. De esta forma se acabaría la inaceptable indefinición actual y se podría ofrecer una alternativa al monopolio por parte del mercado ilegal.

4. El Club Social del Cannabis, al Parlamento Europeo

El cultivo colectivo de Pannagh no es en absoluto un caso único. Con mayor o menor nivel de concreción jurídica y usando diferentes modelos legales, existen cultivos similares en muchos lugares de toda Europa. En Euskal Herria ha llegado a haber hasta cinco asociaciones similares con cultivos sociales, en el estado español hay varias más en marcha, y en Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, República Checa y Polonia, al menos, diversos grupos han llevado a cabo experiencias similares o se están planteando ponerlas en práctica en breve.

Tras conocerse el archivo del 'caso Pannagh', la Coalición Europea de ONGs por políticas de Drogas Justas y Eficaces ENCOD (www.encod.org), formada por 98 entidades de 20 países europeos, ha decidido debatir los distintos modelos de cultivo social de cannabis existentes para llegar a una propuesta unificada, que ha sido bautizada como Cannabis Social Club, y que será presentada en el Parlamento Europeo el próximo mes de noviembre, en el marco del simposio sobre políticas de drogas que la coalición organizará en la sede del mismo. ENCOD, que ya tiene en marcha desde hace meses la campaña 'Libertad para cultivar', exigirá que la Unión Europea aclare la situación del autocultivo y permita la creación de clubes que produzcan marihuana y otras plantas psicoactivas en circuito cerrado y sin fines comerciales, a fin de buscar una alternativa al actual mercado negro. Mientras tanto, varios grupos de diversos países se proponen llevar a cabo plantaciones colectivas de este tipo durante 2007.

También la Federación de Asociaciones Cannábicas se encuentra en estos momentos debatiendo un modelo para regular el cultivo de cannabis en circuito cerrado, modelo que se esperamos poder presentar tanto al Plan Nacional sobre Drogas como a la Comisión sobre drogas del Congreso y el Senado, instituciones ante las que estamos a la espera de comparecer. Esperemos que sea así y termine de una vez la política de ostracismo a la que el gobierno de ZP ha condenado al movimiento antiprohibicionista y cannábico desde que llegó al poder.

Bilbao, 2 de agosto de 2006.

Asociación de Usuarios/as de Cannabis Pannagh
Contacto: Martín Barriuso. 670996335
pannagh@hotmail.com
www.fac.cc

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01 agosto 2006

Consumo problemático de cannabis: las cifras reales

En este weblog nunca se dirá que el cannabis es inocuo porque no es cierto. Quienes más lo dicen (para acto seguido negarlo, como si se tratara de un argumento del movimiento cannábico) son los expertos, las autoridades sanitarias y los próceres morales. Ahora bien, negar que el cannabis sea inocuo no implica asumir sin más todos los males que se achacan a esta droga, cuya inocuidad relativa es muy superior a la de las drogas legales o a la de muchos medicamentos que se venden sin receta (según publicaba el pasado 5 de julio El Pais, "La toma de fármacos sin control médico está relacionada con un 33% de los ingresos hospitalarios, según datos del Ministerio de Sanidad").

Últimamente menudean los artículos periodísticos donde se ofrecen cifras fantásticas sobre el consumo problemático de hachís y marihuana en España. La disparidad de los datos según la fuente invita a la desconfianza. Los hay que hablan de 70.000 consumidores abusivos o dependientes, mientras que otros rebajan esta cantidad a 40.000 ó 20.000. Nuestro presidente, Martín Barriuso, se ocupa de este asunto en un artículo publicado en Yerba donde sitúa las cosas en su verdadera dimensión, y lo hace tirando de las cifras oficiales, ésas que los profetas del desastre jamás se molestan en consultar.

"El enorme desfase que hay entre el consumo global y el problemático queda de manifiesto en cuanto se repasan los datos oficiales que maneja el Plan Nacional Sobre Drogas. Según el Informe 2004 del Observatorio Español sobre Drogas, dependiente de dicho organismo, con datos correspondientes a 2003, el porcentaje de la población de entre 15 y 64 años que había probado el cannabis alguna vez en la vida ascendía al 29%, o sea, más de ocho millones y medio de personas. Durante el último año antes de la encuesta lo había consumido el 11,3 %, algo más 3.320.000 personas, porcentaje que descendía hasta el 7,6% (casi 2.235.000 individuos) cuando se preguntaba por el último mes. Finalmente, la cifra de personas que usaron cannabis a diario durante el mes anterior al estudio rondaba las 441.000 personas, un 1,5% de la población adulta total del estado.

Pues bien, ese mismo año 2003, quienes acudieron por primera vez a solicitar tratamiento para abandonar el consumo de cannabis no llegaron a las cuatro mil personas. En principio, eso significaría que la proporción entre quienes consumen a diario (los que corren más riesgos) y quienes consideran que necesitan ayuda para abandonar el consumo es de más de 100 a 1. Ahora bien, no hay que olvidar que la Ley de Seguridad Ciudadana -en cuya aplicación se realizaron durante el año 2003 123.249 denuncias por tenencia y consumo- prevé la suspensión de las sanciones en el caso de que la persona sancionada se someta a tratamiento de deshabituación. En 2003, las personas que se acogieron con éxito a esta posibilidad fueron 3.949, aunque el estudio no especifica por qué sustancia fueron sancionados. De todas maneras, si tenemos en cuenta que, del total de denuncias, 92.322 fueron por cannabis (es decir, el 75%), no es descabellado suponer que la mayoría de las personas que se libraron de la multa mediante el sistema de acudir a tratamiento eran consumidoras de cannabis.

En consecuencia, es muy posible que el número de personas que acudieron en 2003 a tratamiento por problemas reales -y no creados de forma ficticia por las leyes represivas- relacionados con el cannabis no pase de 1.000 o 2.000, una cifra casi ridícula comparada con el enorme volumen de personas consumidoras y muy poca cosa para tanta alarma social como se intenta provocar. Eso sí, los autores del informe del OED no hacen mención al número de personas que buscan ayuda para dejar el tabaco o el alcohol, de forma que no hay manera de hacer comparaciones, aunque no es difícil suponer que el volumen es muchísimo mayor que en el caso del cannabis."