Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC)

Tal y como ocurrió en el Congreso con la intervención de Antonio Hernando, el PSOE ha sido incapaz de dar una respuesta coherente a la creciente demanda social a favor del fin de las multas por tenencia y consumo público de cannabis.
Casi 1.300 votos y cerca de 600 comentarios recibió en muy pocos días la pregunta de un ciudadano anónimo, muy por delante de cualquier otra cuestión planteada en La Mirada Positiva. Independientemente de que la pregunta estuviera pésimamente formulada, la respuesta de los asesores de Rodríguez Zapatero a la cuestión del cannabis fue indigna e indignante, al tiempo que falaz y evasiva. En suma, la eterna tomadura de pelo de unos representantes públicos que se empeñan en tratar a los electores como si fueran imbéciles o menores de edad perpetuos.

Se diría que el Partido Socialista es incapaz de entender la diferencia entre el derecho a la salud y la salud obligatoria, y entre la protección de los menores y el derecho de los mayores a buscar su bienestar, por el medio que sea, siempre que no haya perjuicio para terceros. Es tan simple que hasta el más tonto de los menores de edad cuya defensa se invoca rutinariamente cuando de drogas ilegales se trata, podría entenderlo pero, al parecer, nadie en el PSOE llega al cociente intelectual mínimo para desempeñar las tareas más simples, entre ellas la de razonar lógicamente y sin echar balones fuera. La explicación alternativa sería que quien tan chapuceramente respondió a la pregunta no fuera tan tonto como pretendía, sino que simulara serlo, pero esta explicación sigue sin ser satisfactoria.

Más allá de las torpes evasivas del Partido Socialista, es imposible pasar por alto todos los incumplimientos del apartado dedicado a drogas de su programa electoral de 2004: en 1999, el PSOE se rasgaba las vestiduras por la insensibilidad del PP hacia los enfermos y clamaba por la regulación del uso terapéutico del cannabis; en el mismo año, votaba a favor de la eliminación de las multas por tenencia; en 2002, Carmen Romero arremetía contra la política de drogas del PP, se mostraba favorable a la apertura de un debate sobre la legalización del cannabis y tachaba de "arbitrarias" las multas por consumo público. No hay muñidor, por muy bien pagado que esté, por muchos títulos universitarios que posea o por muy bregado que esté en la discusión y el debate que pueda explicar este giro de 180 grados. No hay protección de la salud y de la infancia que valgan cuando se trata de responder a una cuestión con implicaciones exclusivamente políticas, policiales y judiciales.

Ninguna discusión racional sobre la Ley Corcuera será posible si no se contemplan factores como su eficacia a la hora de disuadir del consumo y reducir la disponibilidad del cannabis, su pertinencia en un Estado democrático, social y de derecho y la inexplicable relación de la tenencia o el consumo público de cannabis con supuestas amenazas para la "seguridad" nacional. Ha llegado la hora de dejar a los menores en paz, de arrumbar para siempre el pretexto sanitario y de empezar a tratar a los adultos como a adultos y a los ciudadanos como ciudadanos.

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Etiquetas: cannabis, legalizacion, ley Corcuera, politica

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